Encuesta sobre la imagen de los jueces

4 abril 2010, 12: 43

Leo en Página 12:

Siete de cada diez argentinos consideran que los jueces no son ecuánimes y que la Justicia no funciona bien. Una gran mayoría piensa que los magistrados están politizados y que, además, en los últimos años empeoró la independencia de los jueces respecto del poder político. Más de la mitad de los ciudadanos cree que sería positivo que se les tome un examen cada cuatro años y una mayoría neta considera que, si se toma ese examen, los magistrados no perderían independencia.

Los datos, que surgen de una amplia encuesta sobre la Justicia realizada por la consultora Opinión Pública, Servicios y Mercados (OPSM), que dirige Enrique Zuleta Puceiro, muestran una situación de bajo prestigio del Poder Judicial.

El trabajo de OPSM se realizó entre el 20 y el 26 de marzo, abarcando a 1100 personas de todo el país. Se respetaron las proporciones por edad, sexo, nivel económico-social y también por zonas y pertenencia a pequeñas y grandes ciudades.

La nota completa está aquí. Click sobre la imagen para verla más grande.

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10 comentarios para Encuesta sobre la imagen de los jueces

  1. cachulo
    4 abril 2010, 14: 40 para 14:40

    Yo creo que, tal como refleja la encuenta, los que estamos en favor de una evaluación periódica somos mayoría. Creo que es equivocada la postura de la Asoc. de Magistrados en cuanto afirma que el sólo hecho de evaluar afecta la indepencia. El tema que vamos a tener que discutir de qué manera vamos a hacr la evaluación sin menoscabar la independencia judicial. Y en este sentido habrá que preguntarse varias cosas:
    1) ¿Qué vamos a evaluar? El conocimiento del derecho o la opnión y/o preferencias de los jueces? O sea vamos a evaluar si sabe o no sabe, o si al evaluador de turno le gusta o no el modo en que el juez resuelve? Entiendo que debe evaluarse el conocimiento y no la opinión, pero parece que no todos opinan lo mismo que yo.
    2) Quiénes van a evaluar? Reconocidos entendidos del derecho o delegados del poder político sin formación en el tema? Ya dije en otros posts que tienen que evaluar aquellos que sepan de derecho, sino no se estaría evaluando en base conocimiento del juez evaluado sino en base a las preferencias del evaluador. Acá propongo hacer lo mismo que se hace para la selección de jueces: Designar dos académicos reconocidos de otras provincias argentinas y que sean ello quienes tomen la evaluación, ya que lo primero que tenemos que dejar a salvo es la imparcialidad y el conocimiento de aquel que toma la prueba.
    3) Cómo vamos a evaluar? Con stándares objetivos o lo vamos a dejar librado a la apreciación particualr que pueda hacer el que tome el examen? Pareciera que no es serio que se den en estos casos aquello que se ha dado para la entrevista personal en los concursos de selección de los jueces, donde la misma persona y en el mismo concurso es calificado con un 0 por un consejero y con un 19 o un 20 por otro.
    4) Cada cuanto vamos a evaluar? Cada vez que se le ocurra al CM o al poder de turno para que de ese modo pueda presionar al juez que decida en forma contraria a sus intereses? o con un plazo prefijado a partir de que cada funcionario asume el ejercicio de su cargo?
    5) Qué consecuencias se siguen de la evaluación? o sea el que aprobó sigue en el cargo? Y el que desaprobó? lo echamos ahí nomás?, o mandamos de prepo a capacitarse? o va a recuperatorio o a maestra particular y se lo vuelve a evaluar a los 40 días?
    Son estos los interrogantes a responder, no si está bien o mal tomar el examen.

  2. Ciudadana Neuquina
    4 abril 2010, 16: 27 para 16:27

    Hola Cachulo, te pego a continuación un artículo escrito por la abogada constitucionalista María Angélica Gelli, publicado en La Ley, en el que claramente explica por qué es INCONSTITUCIONAL la pretendida evaluación de magistrados y funcionarios, habiendo ya instaurados mecanismos a tales fines. Saludos y felices pascuas.
    Ahí va: «Título: Los exámenes de convalidación de los magistrados y la independencia judicial – Autora: Gelli, María Angélica
    El requisito de validar los cargos mediante exámenes periódicos de conocimientos por parte de los jueces federales y nacionales que contiene un proyecto de ley con estado legislativo, resulta de tal modo incompatible con el sistema establecido expresamente en la Constitución Nacional, a fin de asegurar la independencia y eficacia en la prestación del servicio de justicia, que el destino factible de ese proyecto sería el olvido.
    Quizás el Proyecto de ley se consideró alentado por lo resuelto por la Corte Suprema en “Federación Argentina de la Magistratura”. En el caso, el Tribunal, por mayoría, rechazó la demanda en la que se solicitaba la inconstitucionalidad de disposiciones de la Constitución del Neuquén, cuestionadas por atribuir al Consejo de la Magistratura de esa Provincia la evaluación periódica de la idoneidad y desempeño de magistrados y funcionarios del Poder Judicial local y, en caso de resultar insatisfactorias las mentadas evaluaciones, con el voto de cinco de sus integrantes, la elevación de sus conclusiones al Tribunal Superior de Justicia o al Tribunal de Enjuiciamiento, a sus efectos.
    Sin embargo, del precedente citado no resulta un criterio a seguir en el orden nacional, por dos razones. En primer lugar porque la Corte Suprema consideró que el caso —tal como derivaba de la “realidad jurídica” y no de las expresiones formales de los demandantes— no suscitaba la competencia originaria del Tribunal sino, eventualmente, la de la magistratura local. En segundo término, porque la evaluación periódica de los jueces por el Consejo de la Magistratura del Neuquén derivaba, expresamente, de la misma Constitución local, disposiciones que no tienen correlato alguno en la Constitución Nacional.
    Prescindiendo entonces de la mencionada sentencia que no resulta un precedente aplicable para sostener el Proyecto, conviene tener presente, para un examen crítico, que la historia institucional de la Nación Argentina cuenta con el peso de una larga tradición de acoso e interferencias sobre el Poder Judicial. Por un lado, las interrupciones constitucionales —seis en el siglo pasado— y los gobiernos de facto a que dieron lugar, afectaron la estabilidad y por ende la independencia de la judicatura, aunque los gobiernos constitucionales no estuvieron ajenos a la tentación de designar jueces amigos o destituir a quienes dictaban sentencias interpretadas como desafíos al poder político.
    Por cierto, y debe decirse, las tensiones entre la magistratura en ejercicio del control de constitucionalidad y los poderes políticos no constituyen un problema exclusivo de la República Argentina. No obstante, en el país, los juicios de responsabilidad de magistrados judiciales que concluyeron con destituciones por desacuerdos con el contenido de las sentencias, la puesta en comisión de jueces de las instancias anteriores a la Corte Suprema o la excesiva influencia partidaria en los nombramientos, destituciones o —lo que resultaba más grave— en el sostenimiento de magistrados que no merecían serlo, indican una práctica nociva que se quiso enmendar con la reforma constitucional de 1994, a fin de desembarazar las designaciones y las remociones judiciales de la excesiva influencia político partidaria. Se crearon, con esta finalidad, el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento. Pero, en 2006, la ley reglamentaria de esos organismos se modificó otorgando al Ejecutivo poder de veto en la selección y destitución de jueces. Hasta aquí, la historia sucinta, lejana y reciente, de la fragilidad del Poder Judicial.
    Por otro lado, el proyecto se difundió bajo circunstancias perturbadoras de tensiones entre el Poder Judicial y el poder político. Las críticas destempladas a la judicatura se incrementaron en los primeros meses de 2010, a propósito de un conflicto generado entre las minorías en el Congreso y el Poder Ejecutivo por el uso de las reservas del Banco Central, mediante la emisión de un decreto de necesidad y urgencia cuyos efectos se suspendieron por decisiones judiciales en primera y segunda instancia.
    En esa coyuntura en la que además la oposición procuraba suprimir o modificar la ley 26.080 de reglamentación del Consejo de la Magistratura, el oficialismo comenzó por proponer la investigación acerca de hechos de la vida privada de los jueces que dieran el “perfil social” de éstos para luego sostener el proyecto Rossi —similar al establecido en la Constitución del Neuquén— a fin de evaluar periódicamente la idoneidad de los magistrados.
    Las explicaciones del porqué de la propuesta pretendieron lucir razonables: dada la importancia de la labor que desarrollan los jueces, qué mejor que constatar si estos mantienen o no, la idoneidad para el cargo para el que fueron elegidos. Sin embargo, la Constitución Nacional ya dispone de un sistema riguroso y exclusivo para asegurar esa idoneidad y preservar, a la vez, la inamovilidad de los jueces, como una de las garantías de éstos. En efecto el juicio público de responsabilidad a los magistrados judiciales puede iniciarse por la comisión de delitos comunes, delitos en el ejercicio del cargo, mal desempeño y, según lo interpreto, mala conducta. Pues bien, el mal desempeño que es funcional puede acontecer, por ejemplo, en materia jurídica —el juez evidencia un patrón de conducta de desconocimiento general del derecho— o gerencial —el magistrado no conduce bien y de modo armónico el trabajo del juzgado—, resulta ineficiente en la prestación del servicio de justicia. Claro que en estas hipótesis deben imputarse y probarse los hechos precisos y graves que la corroboren, con todas las garantías del debido proceso.
    Si la posibilidad de mantener abierta una denuncia contra un magistrado por el plazo de tres años —como admite la ley 26.080— o de no rechazar in límite una denuncia que sólo tiene la apariencia de tal, pueden constituirse en presiones inadmisibles para los jueces, cuanto más sucedería con un sistema de evaluaciones generales y masivo en manos de un órgano que ha encontrado dificultades serias para cumplir su cometido constitucional sin interferencias ajenas. Pero ésta sería una razón de inconveniencia o ineficacia del Proyecto. El fundamento más importante para rechazar la propuesta es su palmaria inconstitucionalidad y la lesión que produciría a la independencia de la magistratura».

    Nuevamente, saludos a todos.

  3. cachulo
    4 abril 2010, 20: 24 para 20:24

    Esitmada Ciudadana Neuquina: Leí con atención el artículo de Gelli que publicaste. En primer término admito que se trata de una constitucionalista de reconocido prestigio que se encuentra en condiciones de dar una opinión mucha más autorizada que la misma sobre este tema.
    Sin embargo, no comparto lo que ella sostiene y paso a explicar por qué.
    Tanto Gelli como la Asociación de Magistrados parten de una premisa que según mi parecer es equivocada: ellos afirman que todo proyecto que consista en evaluar la idoneidad técnica de los jueces es inconstitucional y que estos proyectos tienen como fachada la necesidad constatar si los jueces mantienen o no, la idoneidad para el cargo para el que fueron elegidos, pero que su finalidad real es la de someter a los magistrados a los designios del poder político.
    No me chupo el dedo y conociendo a los Kirchner doy por seguro que el proyecto que se impulsa a nivel nacional tiende a someter a la justicia al mando del poder de turno. Muestra de ello es el proyecto de Rossi en cuanto pretende someter a examen el «perfil social» del juez, pensamiento muy propio de los gobiernos facistas . En realidad la mayor parte de la clase política de nuestro país me inspira desconfianza en estos temas, pero también es cierto que NO NECESARIAMENTE LA EVALUACIÓN HA DE AFECTAR LA INDEPENDENCIA JUDICIAL, sino que depende del sistema de evaluación que en definitiva se aplique.
    O sea el razonamiento de Gelli es el siguiente: Sería bueno evaluar la idoneidad de los jueces, pero para poder hacerlo hay que sacrificar sí o sí la independencia judicial, entonces es preferible no evaluarlos.
    Yo entiendo que puede evaluarse a los jueces sin menoscabar la independencia judicial, y para que ello resulte es necesario ser muy cuidadoso -y si se quiere hasta extremadamente detallista- en el modo de reglamentarlo.
    Concretamente, y tal como adelanté en la intervención anterior lo que hay que evaluar es el conocimiento del derecho (y no la opinión o el perfil social); la evaluación debe ser hecha por gente que sepa lo mismo o más que el evaluado y que no tenga ningún interés político (ni de ningún otro tipo) en esa evaluación por lo que reafirmo mi propuesta de que sean académicos de otras provincias; basada en cánones objetivos y con una periodicidad fijada de antemano para evitar que cuando algún juez falle de un modo que no agrade el poder de turno no lo corra con la evaluación como mecanismo de apriete.
    Si se cumple con todo eso, creo yo, podemos evaluar sin menoscabar la independencia judicial.
    Ahora si la evaluación que se propone es al estilo de la de Rossi que quiere evaluar el perfil social de lso jeuces, o la de otros escritores del blog que proponen que se evalúe si agradan o no las interpretanciones que hacen los jueces, o incluso la que solapadamente esgrime Berto que en otro post medio como que sin querer queriendo tira la idea de que puedan evaluar un kinesiólogo y una empleada bancaria que fueron puestos en sus cargos por el poder político de turno, ahí creo que estamos al horno y que afectamos la independencia.
    Insisto el tema no es si se puede o no evaluar, sino qué, cómo, quiénes y cuando.
    Me siento agradecido porque te haya interesado mi opinión sobre el artículo y te agradezco también el saludo pascual, aprovechano para desearte felices pascuas a vos también, a Berto y al resto de los lectores del blog.

    • 4 abril 2010, 21: 04 para 21:04

      Una pequeñísima aclaración: ¿Que solapadamente esgrimí qué? Transcribo el párrafo porque creo que hubo un error de interpretación. «Los miembros del Poder Judicial trinan porque en el Consejo de la Magistratura hay un kinesiólogo y una empleada bancaria, y se preguntan qué conocimientos tendrán para evaluar su trabajo. ¿Les asiste la razón o es un prejuicio? ¿Quieren ser evaluados sólo por sus pares? ¿Y el imputado, o el que reclama justicia por cualquier motivo, no tiene el mismo derecho a pedir que en el tribunal haya alguien más cercano a sus vivencias?»

  4. cachulo
    4 abril 2010, 21: 57 para 21:57

    Claro y eso lo dijiste después de preguntarte retóricamente si los jueces no tienen prejucios como cualqueir persona. Es decir como todos sabemos que los jueces también tienen prejuicios la pregunta respecto de si «Los miembros del Poder Judicial trinan porque en el Consejo de la Magistratura hay un kinesiólogo y una empleada bancaria, y se preguntan qué conocimientos tendrán para evaluar su trabajo. ¿Les asiste la razón o es un prejuicio?» es a mi entender una afirmación de que esas quejas de los magistrados responden a sus propios prejuicios y no a que les asista la razón. Por eso digo que lo decís como sin querer queriendo: no lo afirmás con todas las letras, pero dejás entrever que para vos el cuestionamiento es prejuicioso y ausente de razón.
    Si te interpreté mal perdoname, por ahí me dejé llevar por otros comentarios que has hecho respecto de la Asociación de Magistrados que me hace pensar que no los querés mucho a esos muchachos, por eso me pareció que fue eso lo que indicaste.

    • 5 abril 2010, 8: 38 para 8:38

      Eran preguntas con el único objetivo de abrir el debate, cada uno tiene una respuesta distinta a esos interrogantes y me parece valioso que se expresen.

      • cachulo
        6 abril 2010, 0: 42 para 0:42

        Perdón entonces, interpreté mal y rectifico lo dicho aclarando que no es esa tu opinión sobre el tema.
        A propósito Berto, y ya que abriste el debate y varios de nosotros ya opinamos… Cuál es tu opinión sobre el tema?
        Gracias y disculpas por el malentendido.

  5. Boris Chicarpo
    5 abril 2010, 23: 59 para 23:59

    A pesar de que María Angélica Gelli no es de mi mayor simpatía, no puedo sino coincidir con su apreciación. Entiendo, como abogado, que los jueces deben ser evaluados por sus pares (no me refiero a los del fuero, sino a técnicos del derecho).
    Hace casi un siglo Calamandrei hablaba de la posibilidad de calificar a los abogados, por el propio Colegio Profesional, algo que hoy también ingresa al debate de la mano de Andreucci en la FACA. Pero allí llegaba a la conclusión de que la reforma debía comenzar desde temprano, en las propias escuelas medias. Porque allí está el nido del asunto.
    Existe, con sobrados fundamentos, un descontento generalizado de los ciudadanos sobre la justicia y su funcionamiento. Algo que también se extiende a los otros poderes del Estado.
    En rigor, hay cuestiones tal vez más urgentes que resolver que entrar a considerar quiénes pueden evaluar a los jueces. En principio, dar más trasparencia a las decisiones judiciales. (Este blog es un espacio que tiene esos nobles efectos.) Quitar algunos privilegios incompatibles con la igualdad que pregona la Constitución, como el no pago de ciertos impuestos por los magistrados y funcionarios judiciales. La necesidad de que realicen declaraciones juradas con periodicidad y publicidad. Después de todo, son figuras públicas.

  6. Ciudadana Neuquina
    6 abril 2010, 11: 32 para 11:32

    Hola a todos. Qué bueno es esto de debatir ideas!! y sin agresiones! impresionante Berto!
    Cachulo, si bien en un principio me pareció una locura pretender evaluar a magistrados y funcionarios por los argumentos que Gelli vertió claramente en el artículo que subí a este blog, en caso de que se llegue a evaluarlos, coincido con vos que habrá que estar MUY ATENTOS al qué, cómo, quiénes y cuando evaluarán. Y evitar que el poder político meta la cola, como creo que es la intención K en el pryecto de Rossi…. sin mas basta recordas las distintas embestidas que ha tenido CFK contra el Poder Judicial en los últimos tiempos…. y definitivamente ello afectaría enormemente la idependencia del Poder Judicial.
    Y como en todos los ámbitos, habrá gente corrupta, gente inescrupulosa, pero por suerte no todos somos iguales, y somos más los honestos y trabajadores, que los de la otra clase….
    Y si de evaular se trata, te imaginás si hubiera que evaluar la idoneidad y conocimientos de los integrantes de los otros poderes del Estado?? salvo rarísimas excepciones, nos quedaríamos casi acéfalos! cuántos diputados, ministros, etc etc están donde están por sólo haber participado en una campaña, o por haber sido «chupamedias» del gobernante de turno? en fin….
    Me encantó haber participado de este intercambio de ideas, SUPER CONSTRUCTIVO para todos! un abrazo

  7. eduardo
    25 julio 2010, 16: 53 para 16:53

    ME SIENTO INDEFENSO ANTE EL PODER DEL DINERO.-
    disculpen entre en este blog , cansado y ya desesperado trato de encontrar alguien que pueda dejarme un poco mas tranquilo, he sido condenado por una cámara unipersonal por administración fraudulenta , yo había trabajado casi 20 años en una empresa e inicio un intercambio epistolar con la misma, me hacen una denuncia penal, resumiendo, después de 5 años se eleva la causa a juicio , aclaro que en esos cinco años solo hubo cinco o seis testigos y movimientos del expediente como para dejar pasar el tiempo , como es un juicio donde hay dinero en juego por el tema laboral ya que la planilla es bastante abultada. Mis abogado en su momento no se opusieron a la elevación a juicio teniendo todos los argumentos ya que es increíble la manera en que el fiscal instructor manipulo los testimonio, y se expidió sobre mi función en la empresa contrario a los testimonios, y me adjudico un de faltante de cheques de la empresa que fueron los denunciados en la fiscalia por el querellante , que jamás se pudieron ubicar, es decir nadie sabe si existen eso cheques denunciados, porque no existe en el expediente Una sola copia , original o fotocopia de esos cheques .- lógicamente como venia la situación se ve que yo ya estaba condenado antes de entrar al debate , ante mi desconfianza por lo irregular de todo el expediente , comprendí como se manejan las cosas dentro del ámbito judicial , quiero decir todos, los abogados que yo veía me decían tenes razón pero no se puede hacer nada,por que asi se manejan las cosas y vos no vas a cambiar nada, no obstante ello cambie dos o tres abogados , por que lo que ellos me decían no era paralelo a lo que en la ley , el código y sobre todo nuestra constitución esta escrito , es mas presente un escrito por derecho propio en un momento que revoque el patrocinio de mis abogados antes de designar al actual , planteando , varias cosas que hacían a mi defensa en juicio y la vulneración de mis derechos constitucionales , lógicamente planteé una inconstitucionalidad , dado los errores y/u horrores plasmados por el fiscal instructor y la dilación del proceso excesiva, a lo que el tribunal solo respondió «TENGASE PRESENTE» cosa que jamás hizo , pero ya con abogados entramos al debate y lógicamente siguiendo la línea del la elevación a juicio ( esto es con una arbitrariedad manifiesta) se expide el vocal y me condena con los mismos y aun mas gruesos y graves errores y horrores – tengo que decir que la actuación de mi nuevo abogado fue brillante ,pero repito es como si yo ya hubiese estado condenado previo al debate, lógicamente no esta firme la sentencia , porque hemos presentado un recurso de casación , pero lo que mas me preocupa es que ya tengo un fallo en contra que no esta firme ,pero dependo ahora de la alzada y los entendidos me dicen el tema es muy difícil para revertir un fallo en casación o sea que son bajas las posibilidades,. lo mas preocupante de esto es que en mi escrito por derecho propio presentado previo al debate esta todo lo que ahora prácticamente estamos casando pero ya con un fallo de primera instancia desfavorable , y es mas ese escrito que yo mismo presente entre otras cosas versa de porque hice los cambios de abogados antes de ingresar al debate, y VE en la sentencia en sus fundamentos, dice que previo a ingresar en el tema , quiere dejar constancia que el ingreso al debate fue postergado varias veces por escritos presentados por el imputado y la no concurrencia al debate de mi Padre .-l ( mi padre esta imputado como yo) sucede que mi padre sufrió un ACCIDENTE CEREVRO VASCULAR , y esa también fue una de las causales de la dilación ya que se presentaron los estudios pertinentes y además los médicos forenses del tribunal le hicieron una pericia , lo que no dice el SR. Juez es que este proceso estuvo casi 5 años como ya había mencionado yo en mi escrito ,antes de elevarse a juicio y donde el periodo de instrucción fue excesivamente dilatorio por parte del fiscal y la parte querellante, sin haber tenido yo ninguna intervención en mi defensa.- de mas esta decir que no hay una sola prueba que me condene , y que el juez ha hecho un manipuleo de las palabras testimonios , a omitido y ha sido falaz y arbitraria su decisión final .- en resumen es como si alguien lo juzgan por un homicidio luego lo condenan y en ningún momento se pudo constatar una persona muerta en todo el expediente , solo los que denuncia dicen que vieron el muerto,. Yo creo que debido a que en forma personal me puse a ver las cosas tan injustas que suceden y me presente en la cámara en varias oportunidades, en los juzgados esta actitud no les cae bien aparentemente y a partir de ahi ya estaba condenado,.-es mas presente como prueba casi 14 cuerpos de expedientes.PORQUE ya habia iniciado una Accion revocatoria pauliana» ya que estaba demostrando la forma de operar de la empresa , esto es cada 4 o 5 años desaparecen dejando abultadas deudas al estado y particulares y aparecen nuevamente con nueva razon social. y logiacamente mi accion Laboral , adonde existen pruebas que hacen a mi favor , como periciales contables, testimonios etc. A lo que el tribunal ningún valor le dio.- y en este expediente penal ni siquiera se realizo una pericial contable para indagar sobre el supuesto faltante de la empresa.- bueno es muy extenso lo que hay , pero la verdad no se que hacer estoy luchando contra el poder y el dinero y es por eso que mi desesperación me llevo a escribir esto,..soy un ciudadano de 49 años y el contacto mas cercano que tuve con la policía en mi vida debe haber sido ,ir a una seccional a realizar algún tramite por domicilio y creo no recuerdo.- de ahí mi angustia.-P/D , ESTO ES SOLO UN RESUMEN , ES INCREIBLE LA ARBITRARIEDAD O LOS ERRORES , AHORA TENGO DUDAS SI SON REALMENTE LOS JUECES LOS QUE REDACTAN SUS PROPIOS FALLOS.-

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