Las evaluciones a magistrados y funcionarios pasaron al segundo semestre

31 marzo 2010, 20: 21

Leo en la página de Convocatoria Neuquina:

Las evaluaciones a magistrados y funcionarios pasaron al segundo semestre

Lo resolvió el Consejo de la Magistratura, que se debate en una interna por la aplicación del reglamento. El voto de Graciela Martínez de Corvalán fue determinante.

En una votación reñida, el Consejo de la Magistratura resolvió en su última sesión posponer la evaluación a magistrados y funcionarios hasta el segundo semestre del año.

La postura de la presidenta y representante del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en el cuerpo, Graciela Martínez de Corvalán, resultó vital para determinar la fecha de inicio del proceso.

Tanto los consejeros Enry Rebolledo (bloque Apertura Popular), Oscar Lavaggi y Norma Lacoste (bloque Movimiento Popular Neuquino) sostuvieron que las evaluaciones debían comenzar en la segunda mitad del año, ya que de acuerdo al reglamento, durante el primer semestre el cuerpo establecería un plan de trabajo y notificaría al personal seleccionado.

Quienes se pronunciaron a favor de que la implementación sea durante el primer período fueron Gustavo Olivera (bloque Partido Justicialista), Carla Castiglioni y Hugo Altamirano (representantes de los abogados de la provincia). Hicieron hincapié en la necesidad de respetar el mandato constitucional.

La moción concreta de Olivera fue empezar con la evaluación de seis jueces civiles de primera instancia, cuya elección se realizaría por sorteo, de los cuales cuatro serían de la capital (primera circunscripción) y dos del interior (segunda a quinta circunscripción). En este punto Castiglioni acompañó la propuesta, aunque dijo que podían escogerse magistrados de otro fuero. Altamirano aseguró que ya era tiempo de cumplir, no sólo con el deber de seleccionar, sino también con el de evaluar.

El reglamento fue aprobado por el cuerpo el 17 de diciembre de 2009, y publicado en el boletín oficial de Neuquén el 5 de febrero de 2010.
Corvalán tuvo que desempatar y se pronunció a favor de que se pospusiera la ejecución. Reiteró sus argumentos, expuestos en la sesión del 2 de marzo pasada, referidos a que la normativa del Consejo se superpone con facultades de la Auditoría General del Poder Judicial, y la superintendencia del TSJ.

Altamirano le solicitó una aclaración de su decisión. La presidenta reiteró que «subsidiariamente» adhería a la iniciativa de comenzar en el segundo semestre, pues entendía que era necesaria una revisión. «Yo voto la no aplicación del reglamento», afirmó.

Hasta aquí la nota en la página de Convocatoria.

Como aporte, recuerdo que aún está pendiente de definición la medida cautelar presentada ante el Tribunal Superior de Justicia por el presidente y el vice de la Asociación de Magistrados contra la aplicación del reglamento.

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9 comentarios para Las evaluciones a magistrados y funcionarios pasaron al segundo semestre

  1. Hugo
    31 marzo 2010, 23: 15 para 23:15

    Guillermo: el otro día hablando con un funcionario judicial me dio su parecer al respecto y me dijo algo que me dejó pensando: él dijo que esto era un aberración generada por la clase política, que no entienden que la gente que está en el PJ (no todos) se lo tienen merecido por haber concursado y que como ellos (los políticos) tienen su trabajo en forma temporaria, quieren que también el resto tengan que correr con la misma suerte (palabras más, palabras menos)

    En síntensis, algo de cierto (me parece) hay, es decir, no contribuye mucho a la garantía de la independencia que la inamovilidad en el cargo se vea perjudicada. Es cierto que algunos funcionarios quizás no pasen la prueba pero en las sentencias se puede leer lo que saben o no.

    Quizás la posta sea hacer más hincapié en los Concursos y no tanto en las evaluaciones posteriores. Saludos Guillermo.

  2. maria elisa
    1 abril 2010, 10: 20 para 10:20

    Al funcionario que dio esas razones acusando al poder politico,le contesto que muchos de ellos son propuestos por ese poder politico, y tambien son enjuiciados por ese poder politico, porque el juicio politico como su nombre lo dice es un juicio «politico» no es un juicio comun, en el el entran a jugar todos los resortes «politicos»..y si a eso le podemos llamar «independencia», a la vista esta con el ultimo que se conocio..ademas hay una razon tan real para que no quieran ser evaluados, que cualquiera lo podria comprobar, son pocos los funcionarios judiciales que estudian y se actualizan, tan pocos que si alguien cualquier persona que no sea abogada leyera las resoluciones, o las sentencias podria darse cuenta, tambien esta a la vista, cuado vemos a diario sentencias que nunca conforman a la sociedad, tratando a los/as comunes como que no entendemos de «derecho», no entenderemos algunas palabras pero si entendemos cuando no hay justicia..que es para lo que estan,..si se hiciera una encuesta a los/as empleados/as judiciales, preguntandoles que hace el juez, secreatio, fiscal, etc.diariamente, en la practica, que lee a partir de cada expediente, como los estudia, etc..ya podriamos saber porque no quieren que los evaluen, hay funcionarios que hasta se enojan cuando no se les pone el sello, porque no saben donde firmar,las nulidades que producen porque firman algo que no deben, etc. esa es la realidad, por supuesto que hay una minoria comprometida, que trabaja, pero esos seguramente no tendrian ningun problema en ser evaluados, o acaso aquel tribunal que mando a vivir al violador al lado de la niña violada, ha tenido algun reclamo? no olvidemos esas sentencias, acaso ese tribunal estudio, leyo, investigo sobre lo que es una violacion, lo que es la violencia sexual, el abuso de poder, etc,por supuesto que no, sino no hubiera cometido tal aberracion, aberracion que fue difundida, pero tantas otras que quedan en el silencio, claro que no quieren que los evaluen, apelando a una supuesta «independencia», independencia????.o..impunidad?

  3. Silvia
    1 abril 2010, 12: 05 para 12:05

    Entiendo por lo que leí en la nota que la Dra. Corvalán manifestó que hay superposición entre las facultades del Consejo y de la Auditorìa. Muy bien. La Dra. Corvalán, al igual que el resto de los vocales, deberían, en principio, preocuparse por controlar que es lo que hace la Auditorìa del Poder Judicial. Qué controla? solo hace estadísticas estùpidas que se podrían realizar en los organismos y enviárseles a la Superintendencia del Tribunal. De hecho, el señor Auditor se esmera en pedir a los secretarios de los organismoa que le envíen toda la información. Pràcticamente le envía las estadísticas hechas. Pero en cuanto al control de gestión y de conducta funcional de los magistrados y funcionarios: CERO. Nadie sabe que hace la Auditoría. Obviamente funciona a foul el corporativismo. Así que Dra. Corvalán me parece que sus argumentos, por lo menos, son dudosos. Nadie conoce el resultado de los sumarios, si los mismos se sustancian, si terminan, como terminan, etc. etc. Y en defintiva, esto nada tiene que ver con mostrarle a la sociedad la capacidad y la evolución y actualización de conocimientos técnicos jurídicos de los magistrados y funcionarios que, eventualmente, podrían tener en sus manos valores tan preciados como la libertad, el patrimonio, la protección de sus hijos, etc. de todos los ciudadanos. Así que déjense de dar vueltas y sometanse mansamente a ser evaluados. Y no tengan miedo…si no le abrieron el jury a Vignaroli…A QUIÉN SSE LO VAN A ABRIR?????

  4. karina
    1 abril 2010, 14: 10 para 14:10

    Es muy cierto lo manifestado por el cmarista civil, Lorenzo W. Garcia, en este blog hace algunos días. Los funcionarios y magistrados pueden ser evaluados a traves de sus sentencias,resoluciones, el trabajo realizado a diario, la actualización de sus conocimientos (cursos, congresos, posgrados, maestrías, etc.). Se comenta el atraso que existe en algunos Juzgados de Instrucción en lo Criminal y Correccional de este ciudad capital, tan es así que los que están al día deberían absorver los turnos de los más atrasados. Como se verá los magistrados y funcionarios rinden examen todos los días, sólo habría que instrumentar un mecanismo idóneo, sin corporativismo, sin amiguismos, sin politiquería, difícil no?.

  5. Piolin de Expte
    1 abril 2010, 18: 07 para 18:07

    Soy funcionario del Poder Judicial y en lo que a mí respecta no tengo ningún inconveniente en ser examinado por el CM, la auditoria del PJ o por quien sea. Es absurdo temer demostrar si uno es capaz de hacer su trabajo cuando se supone que lo hace todos los días. Creo que quienes más se preocupan son los que saben que tienen graves déficit en su gestión y en sus conocimientos, y son los que llegaron a su cargo con el viejo sistema, en el que eran propuestos por el TSJ en función de su amistad o cercanía con el poder y no por su capacidad y méritos demostrados en exámenes.
    A que le teme un juez, a tener que hacer una sentencia en la que demuestre sus conocimientos? No es eso a lo que se dedica todos los días? Si teme ser examinado es porque probablemente sepa que quizá no pueda pasar un examen, en cuyo caso debería renunciar solicito, ya que en realidad teme ser capaz de hacer lo que se supone que hace todos los días.
    Quizá la evaluación podría incluir un examen de la gestión diaria y de la calidad de las resoluciones y sentencias que dicta. Sin embargo no veo el inconveniente en que a ello se sume un examen teórico practico.
    Que opinaríamos se quienes fueran examinados respecto de su capacidad y calidad técnica fueran los cirujanos que trabajan en hospitales públicos. No estaríamos todos de acuerdo en que demuestren si son capaces o no de salvar una vida? Creo que todo estaríamos de acuerdo en que se los examinara periódicamente (desconozco si son sometidos o no a evaluaciones). A su vez, si nos parece bien que los médicos demuestren su capacidad y pericia académica para hacer su trabajo, porque nos ha de parecer mal que aquellos que deben decidir sobre nuestra libertad, patrimonio, nuestras relaciones de familia, etc. sean evaluados de la misma manera?
    Insisto, no puedo tener miedo a que alguien quiera verificar si soy o no capaz de hacer lo que se supone que hago todos los días, y por lo que recibo un sueldo del Estado. Sí señores, me pueden examinar, estoy dispuesto a ello.

  6. cachulo
    1 abril 2010, 20: 48 para 20:48

    Todo muy lindo. Por mí que los evalúen, el tema es cómo. En primer lugar y mejor dicho quiénes. O sea quiénes van a evaluar a un camarista? tiene que ser alguien que sepa lo mismo o más que el evaluado. Lavaggi es kinesiólogo así que no creo que él pueda hacerlo. Por otro lado, la evaluación deberá ser objetiva, o sea debe evaluarse el conocimiento del derecho, no la postura que adopta cada magistrado dentro del abanico de posibilidades de interpretación que cabe hacer de las normas, porque si los evaluamos desde ese lado y sólo aprueban aquellos que piensan igual que los que toman la evaluación, entonces estamos al horno y ahí sí que no hay independencia ni nada: hay que juzgar y decidir como le gusta al poder político y si no te vas a tu casa. Me parece que la idea de evaluar es buena, aunque lo que propone María Elisa de examinar si los fallos «conforman a la sociedad» es medio peligrosa, porque con esa excusa se pueden limpiar a todos los magistrados verdaderamente independientes.
    Otra cosa, más allá de la evaluación tecnica tiene que haber una evaluación de gestión de los organismos y eso es lo que tendría que hacer y evidentemente no hace la Auditoría.

  7. Hugo
    2 abril 2010, 10: 51 para 10:51

    Comparto también la postura de «Piolin» y de «Cachulo»…si bien no hay nada de que temer también es cierto que se deben conocer los parámetros con los que se van a evaluar: deben ser parámetros objetivos (como dijo Cachulo), saber si conocen realmente el derecho es un parámetro de ese tipo; pretender fallar de acuerdo a lo que la sociedad quiere no.
    Ahora…y a los miembros del T.S.J que son los últimos intérpetres de la Constitución Provincial y dan la correcta y última interpretación de las normas…no les debería alcanzar a ellos y en PRIMER lugar también la evaluación?? Mientras más alto es el cargo, mayor responsabilidad y primeros en dar el ejemplo (me parece)

  8. Ciudadana Neuquina
    3 abril 2010, 19: 48 para 19:48

    Hola Berto, a continuación pego un artículo publicado por la Dra. María Angélica Gelli (una excelente abogada constitucionalista), en el que vierte su opinión de porqué es INCONSTITUCIONAL pretender evaluar a los magistrados y funcionarios del Poder Judicial (tomado como poder en general). Me resultó muy interesante para ilustrar a la ciudadanía en general porqué nos oponemos a que se evalúe a los integrantes del Poder Judicial, habiendo ya instaurados mecanismos a tales fines.
    Espero que subas el comentario, es enriquecedor para lo que se discute en este foro.
    Ahí va: «Los exámenes de convalidación de los magistrados y la independencia judicial

    Gelli, María Angélica

    Voces
    PODER JUDICIAL ~ FUNCIONARIO JUDICIAL ~ JUEZ ~ INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL ~ PRINCIPIO DE DIVISION DE PODERES ~ PROYECTO DE LEY ~ ADMINISTRACION DE JUSTICIA ~ CONSTITUCION NACIONAL ~ PODER EJECUTIVO ~ ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS ~ CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

    Título: Los exámenes de convalidación de los magistrados y la independencia judicial

    Autor: Gelli, María Angélica

    ——————————————————————————–

    El requisito de validar los cargos mediante exámenes periódicos de conocimientos por parte de los jueces federales y nacionales que contiene un proyecto de ley con estado legislativo, resulta de tal modo incompatible con el sistema establecido expresamente en la Constitución Nacional, a fin de asegurar la independencia y eficacia en la prestación del servicio de justicia, que el destino factible de ese proyecto sería el olvido.

    Quizás el Proyecto de ley se consideró alentado por lo resuelto por la Corte Suprema en “Federación Argentina de la Magistratura”. (1) En el caso, el Tribunal, por mayoría, (2) rechazó la demanda en la que se solicitaba la inconstitucionalidad de disposiciones de la Constitución del Neuquén, cuestionadas por atribuir al Consejo de la Magistratura de esa Provincia la evaluación periódica de la idoneidad y desempeño de magistrados y funcionarios del Poder Judicial local y, en caso de resultar insatisfactorias las mentadas evaluaciones, con el voto de cinco de sus integrantes, la elevación de sus conclusiones al Tribunal Superior de Justicia o al Tribunal de Enjuiciamiento, a sus efectos.

    Sin embargo, del precedente citado no resulta un criterio a seguir en el orden nacional, por dos razones. En primer lugar porque la Corte Suprema consideró que el caso —tal como derivaba de la “realidad jurídica” y no de las expresiones formales de los demandantes— no suscitaba la competencia originaria del Tribunal sino, eventualmente, la de la magistratura local. (3) En segundo término, porque la evaluación periódica de los jueces por el Consejo de la Magistratura del Neuquén derivaba, expresamente, de la misma Constitución local, disposiciones que no tienen correlato alguno en la Constitución Nacional.

    Prescindiendo entonces de la mencionada sentencia que no resulta un precedente aplicable para sostener el Proyecto, conviene tener presente, para un examen crítico, que la historia institucional de la Nación Argentina cuenta con el peso de una larga tradición de acoso e interferencias sobre el Poder Judicial. Por un lado, las interrupciones constitucionales —seis en el siglo pasado— y los gobiernos de facto a que dieron lugar, afectaron la estabilidad y por ende la independencia de la judicatura, aunque los gobiernos constitucionales no estuvieron ajenos a la tentación de designar jueces amigos o destituir a quienes dictaban sentencias interpretadas como desafíos al poder político.

    Por cierto, y debe decirse, las tensiones entre la magistratura en ejercicio del control de constitucionalidad y los poderes políticos no constituyen un problema exclusivo de la República Argentina. No obstante, en el país, los juicios de responsabilidad de magistrados judiciales que concluyeron con destituciones por desacuerdos con el contenido de las sentencias, la puesta en comisión de jueces de las instancias anteriores a la Corte Suprema o la excesiva influencia partidaria en los nombramientos, destituciones o —lo que resultaba más grave— en el sostenimiento de magistrados que no merecían serlo, indican una práctica nociva que se quiso enmendar con la reforma constitucional de 1994, a fin de desembarazar las designaciones y las remociones judiciales de la excesiva influencia político partidaria. Se crearon, con esta finalidad, el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento. Pero, en 2006, la ley reglamentaria de esos organismos se modificó otorgando al Ejecutivo poder de veto en la selección y destitución de jueces. Hasta aquí, la historia sucinta, lejana y reciente, de la fragilidad del Poder Judicial.

    Por otro lado, el proyecto se difundió bajo circunstancias perturbadoras de tensiones entre el Poder Judicial y el poder político. Las críticas destempladas a la judicatura se incrementaron en los primeros meses de 2010, a propósito de un conflicto generado entre las minorías en el Congreso y el Poder Ejecutivo por el uso de las reservas del Banco Central, mediante la emisión de un decreto de necesidad y urgencia cuyos efectos se suspendieron por decisiones judiciales en primera y segunda instancia.

    En esa coyuntura en la que además la oposición procuraba suprimir o modificar la ley 26.080 de reglamentación del Consejo de la Magistratura, el oficialismo comenzó por proponer la investigación acerca de hechos de la vida privada de los jueces que dieran el “perfil social” de éstos para luego sostener el proyecto Rossi —similar al establecido en la Constitución del Neuquén— a fin de evaluar periódicamente la idoneidad de los magistrados.

    Las explicaciones del porqué de la propuesta pretendieron lucir razonables: dada la importancia de la labor que desarrollan los jueces, qué mejor que constatar si estos mantienen o no, la idoneidad para el cargo para el que fueron elegidos. Sin embargo, la Constitución Nacional ya dispone de un sistema riguroso y exclusivo para asegurar esa idoneidad y preservar, a la vez, la inamovilidad de los jueces, como una de las garantías de éstos. En efecto el juicio público de responsabilidad a los magistrados judiciales puede iniciarse por la comisión de delitos comunes, delitos en el ejercicio del cargo, mal desempeño y, según lo interpreto, mala conducta. Pues bien, el mal desempeño que es funcional puede acontecer, por ejemplo, en materia jurídica —el juez evidencia un patrón de conducta de desconocimiento general del derecho— o gerencial —el magistrado no conduce bien y de modo armónico el trabajo del juzgado—, resulta ineficiente en la prestación del servicio de justicia. Claro que en estas hipótesis deben imputarse y probarse los hechos precisos y graves que la corroboren, con todas las garantías del debido proceso.

    Si la posibilidad de mantener abierta una denuncia contra un magistrado por el plazo de tres años —como admite la ley 26.080— o de no rechazar in límite una denuncia que sólo tiene la apariencia de tal, pueden constituirse en presiones inadmisibles para los jueces, cuanto más sucedería con un sistema de evaluaciones generales y masivo en manos de un órgano que ha encontrado dificultades serias para cumplir su cometido constitucional sin interferencias ajenas. Pero ésta sería una razón de inconveniencia o ineficacia del Proyecto. El fundamento más importante para rechazar la propuesta es su palmaria inconstitucionalidad y la lesión que produciría a la independencia de la magistratura.

    (1) Cfr. “Federación Argentina de la Magistratura y otra c. Provincia de Neuquén s/acción declarativa de inconstitucionalidad”. CS. F. XLIII (23/2/2010)

    (2) Votaron por la mayoría los jueces Highton de Nolasco, Petracchi y Maqueda. Concurrió con la mayoría la jueza Argibay, con exclusión del considerando 13. Votaron en disidencia conjunta los jueces Fayt y Zaffaroni.

    (3) La cuestión referida a si el planteo de los actores abría o no la competencia originaria de la Corte Suprema —el dictamen de la Procuradora Fiscal que no siguió la mayoría de la Corte, se pronunció a favor de la competencia— merece un análisis pormenorizado que excede lo que se discurre en esta columna de opinión. Sólo adelanto, por ahora, y según lo interpreto, que el Tribunal consideró que no tenía competencia por vía de su jurisdicción originaria pero que la cuestión era, eventualmente, justiciable. Cfr. consid. 8º y 10 de “Federación Argentina de la Magistratura y otra c. Provincia de Neuquén s/acción declarativa de inconstitucionalidad”.

    saludos cordiales y felices pascuas

  9. Marcos
    5 abril 2010, 10: 31 para 10:31

    No comparto lo expuesto por la presidenta del Consejo de la Magistratura, creo que su argumento contiene un grave error. En primer lugar hay que aclarar que Evaluar es completamente distinto que Auditar, motivo por el cual no puede haber superposicion de funciones entre el CM y la Auditoria del PJ. NO hay que confundir los terminos, la funcion de Auditoria es muy distinta la la funcion de Evaluacion. Por otro lado creo que es necesario la Evaluacion de Magistrados y Funcionarios del PJ, no comparto ningun argumento que sostenga que esto atenta contra la independencia e inamobilidad de los Jueces, todo lo contrario, una sana evaluacion reafirma dichos principios, la evaluacion tiene por objeto mejorar el servivio de justicia, recopilar datos que sirvan para emitir una opinion sobre lo que esta necesitando el juzgado o el juez para realizar de manera mas eficiente su gestion, y si el juez por algun motivo no se encuentra en condiciones de cumplir con su funcion se emitira la opinion fundamentada correspondiente, con lo cual se ve que la evaluacion tiende a proteger tanto al juez como a lo receptores del servicio de justicia. El resultado de la evaluacion es una opinion, no una sentencia, dicha opinion sera evaluada por otros organos quienes determinaran si es valida o no, por tal motivo no creo que sea perjudicial realizar las evaluaciones, por el contrario es algo sumamente positivo.
    En cuanto a que si Lavaggi o una Empleada Bancaria estan en condiciones de Evaluar, creo que si, la funcion de recopilar datos y analizarlos en funcion de emitir una opinion que tienda a mejorar el servivio de justica la puede realizar casi cualquier persona, aca no se esta habalndo de evaluar tecnicamente ni academicamente a nadie, esto es muy importante resaltarlo.
    Por ultimo, creo que es muy sano que el PJ sea Evaluado por el CM, si uno se fija, todo esta sometido a el control externo; por ej: si una empresa quiere certificar alguna norma, no basta con que una auditoria interna diga que toto esta bien y que la empresa cumple con tales requisitos, es necesario que dicha certificacion se realice a traves de control externo. Lo mismo ocurre con la Auditoria de los Estados Contables, para que tenga validez debe ser Externa. De igual modo, el Poder Ejecutivo esta sometido al control externo, la Sindicaruta General de la Nacion es el organo Interno del PE que controla su funcionamiento, pero existe la Auditoria General de la Nacion que Audita el funcionamiento de PE de manera Externa. Lo mismo ocurre en Neuquen, el PE provincial esta sujeto al control Externo del Tribunal de Cuentas, esto pese a ser controlado de manera Interna por la Contaduria General de la Provincia. Como se ve claramente es sano que todo tenga un control externo.

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