La causa Bantotal

24 febrero 2010, 8: 12

Leo en el diario Río Negro de hoy esta nota de Jorge Gadano:

Un pedido de investigación del fiscal Ignacio Di Maggio, del delito de defraudación por administración infiel, contra el ex presidente del Banco de la Provincia, Luis Manganaro, los ex directores Rubén Andrián, Carlos Sandoval, Néstor Darío Del Campo y Oscar Raúl Oliva; el ex gerente general José Oser; el ex gerente de Asuntos Legales Omar Raimondo y el presidente de la sociedad HST, proveedora del sistema informático Bantotal, Marcelo Ricci, fue rechazado por el juez de instrucción Juan José Gago, quien juzgó que la investigación «no está completa». Di Maggio apeló y la causa fue elevada a la Cámara de Apelaciones en lo Criminal.

Di Maggio inició su investigación a partir de una publicación de este diario del 14 de noviembre del 2009, en la que se decía que el BPN, a pesar de la pesificación de deudas en moneda extranjera ordenada por la ley de Emergencia Económica 25.561, había aceptado la dolarización parcial de su deuda con la empresa de origen uruguayo HST (De la Robla y Asociados). Destacó el fiscal que si bien la legislación reglamentaria admitió algunas excepciones, no se encontraba «la renegociación bajo sospecha incluida en la enumeración taxativa dispuesta por tal norma reglamentaria».

El texto reproduce un párrafo de la publicación de «Río Negro». Es el que destacó «la decisión de mantener dolarizada, a la caída de la convertibilidad, la parte más gruesa de la deuda de casi dos millones y medio de dólares con la empresa proveedora del sistema informático Bantotal, De la Robla y Asociados».

El autor de la nota, convocado por el funcionario, la ratificó en todos sus términos, y dijo que «planteada la pesificación después de la caída de la convertibilidad, el BPN prescindió del dictamen de su gerencia de sistemas y acudió a una consultora privada, el grupo ASSA«. Ese dictamen favoreció la renegociación de la deuda sobre la base de una dolarización parcial reclamada por la empresa.

Según un informe de la gerencia de Asesoría letrada del BPN obtenido por Di Maggio, el 1º de junio de 2001 Manganaro firmó tres contratos con HST por un total de 4.162.000 dólares para la provisión e instalación del sistema Bantotal.

En una minuciosa relación de los hechos Di Maggio explica que, con el fin de la convertibilidad y la consiguiente pesificación, el presidente de HST, Osvaldo Casa Lánguida, pidió una renegociación del contrato. El comité Ejecutivo del proyecto Bantotal, integrado por Manganaro, Oser y la gerente departamental a cargo de la implementación del proyecto, Adriana Velasco, reunido el 25 de febrero de 2002, resolvió consultar al grupo ASSA la presentación de una propuesta para la renegociación. «No puedo dejar pasar por alto –acota Di Maggio- que conforme los dichos de la testigo Adriana Velasco, la consultora ASSA, encargada de la renegociación de los contratos originales, fue la misma persona jurídica encargada del proceso de selección e implementación del proyecto Bantotal, propuesto por HTS SA al BPN SA».

El dictamen de ASSA

Claudio Schwartzman, por ASSA, en marzo de 2002, elevó una nota a Manganaro haciéndole ver que si bien el contrato había sido firmado por un proveedor local, HST, se preveían productos y servicios extranjeros, lo que generaba «un escenario de gran incertidumbre para el proveedor originario del software, De la Robla y Asociados».

Al respecto, el fiscal advierte que si bien es cierto que De la Robla, titular de la licencia del software, es una empresa uruguaya, lo es igualmente que no firmó contrato alguno con el BPN.

Para Di Maggio, «es evidente que con la nota introductoria que firma el integrante del grupo ASSA en fecha 1.3.2002, se intenta generar la apariencia de una situación contractual que requiere la necesaria renegociación, con el objeto de contemplar los costos de prestación del servicio de un proveedor local, que importan parte del riesgo empresario por éste asumido como propio, ello fundamentalmente por cuanto la intermediación a la que se hace referencia no surge explicitada de la letra de los tres contratos ya referenciados».

No obstante, y como Schwartzman había sugerido un pago de 165.000 pesos a HST, el gerente de Administración, Sergio Pintado, transfiere esa suma a la contratista a mediados de marzo. Y simultáneamente ASSA presenta a Manganaro la propuesta de que el 48 por ciento de las prestaciones pactadas en los contratos se mantengan en dólares. El fiscal juzga que «esta propuesta, avalada por la decisión del Directorio y ejecutada por los funcionarios de la entidad, motivó que el BPN SA realice a favor de un tercero una o varias disposiciones patrimoniales perjudiciales, al ser obligado abusivamente el patrimonio de la entidad bancaria oficial».

En los pasos siguientes Velasco remite la propuesta a la asesoría legal. El asesor, Omar Raimondo dice que nada obsta a que se admita la petición de HST sobre los ítems que deben mantenerse a valor dólar, bien que con la opinión previa de la gerencia de sistemas, para que opine sobre los aspectos técnicos del replanteo económico.

Finalmente se llega a un acuerdo merced al cual de los 2.435.658 dólares remanentes el BPN paga a HST 972.500 en esa misma moneda.

Rechazo de Gago

El juez Gago sostiene que «solo se ha constatado a través de la documental acompañada una sospecha formal del injusto impetrado (habrá querido decir «imputado») la cual no está sustentada por ninguna pieza de convicción fáctica que adquiera virtualidad probatoria para tener por cierto (cierta) la pretensión de la vindicta pública». En otras palabras, no está convencido.

Después de sumar una serie de errores de escritura, el magistrado concluye no haciendo lugar «a la plateo» del fiscal.

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