La culpa es del sistema

16 febrero 2010, 0: 17

Justo cuando se intenta debatir el futuro de algunas investigaciones penales, me tocó cubrir un juicio oral donde se aplicó la figura de la insubsistencia de la acción penal.

Once años tardó en llegar a juicio oral un expediente que, según se dijo, estaba listo para debate desde el año 2000.

Salí del juicio pensando que ese expediente está lleno de firmas de jueces, fiscales y defensores, pero ninguno fue mencionado como responsable de semejante disparate.

Uno de los defensores, burlón, me desafió: “andá a hacer justicia por el diario”.

Yo estaba, estoy, demasiado triste como para contestarle.

Esta es la nota que escribí para el diario:

El proceso penal debe tener una duración razonable. Once años de investigación, para un delito que la ley castiga con un máximo de diez, excede esa razonabilidad. Con este argumento, la fiscalía se abstuvo de sostener la imputación contra los seis acusados de haber cometido una mega estafa con tarjetas de crédito en 1999. El fondo la cuestión no llegó a debatirse y los imputados serán absueltos hoy por un fallo de la Cámara Primera.

“Esta investigación estaba terminada en el año 2000. Por diferentes circunstancias el proceso duró más de lo razonable”, dijo la fiscal de Cámara María Dolores Finochietti al anunciar que retiraba la acusación contra los imputados.

A la fiscal, que asumió en el puesto pocos meses atrás, le tocó poner la cara en esta etapa pública del caso. Antes de su intervención hubo jueces y fiscales que por esas “diferentes circunstancias” entretuvieron el expediente durante una década y por eso se produjo este resultado. Todos siguen en funciones; la mayoría ascendió y ocupa otro cargo.

Tras escuchar a la fiscal los imputados se abrazaron con sus defensores. Tenían motivos para festejar: la falta de acusación equivale a un sobreseimiento, es decir, una declaración de inocencia, aunque el juicio no se haya hecho.

La Cámara integrada por Luis Fernández, Héctor Dedominichi y Daniel Varessio postergó para hoy su veredicto. “No tienen margen; lo único que pueden hacer es decir que la postura de la fiscal está mal fundamentada, declarar todo nulo y llamar a otro juicio”, dijo una fuente consultada por “Río Negro”.

“Nuestro sistema no está preparado para manejar causas así. Es diferente si hay presos: en esos casos todo va rápido. Pero cuando no hay detenidos…”, reflexionó ante este diario uno de los defensores oficiales que actuó ayer.

De acuerdo con la acusación originaria, los hechos ocurrieron entre febrero y agosto de 1999. Se atribuía a los imputados haber cometido una serie de estafas utilizando tarjetas de crédito fabricadas por ellos mismos con datos de usuarios reales que, al recibir el resumen, descubrían consumos que no habían efectuado.

Particulares, comercios y empresas emisoras de las tarjetas fueron los damnificados.

De la decena de acusados sólo seis se presentaron al juicio de ayer; dos no fueron notificados y otros dos estarían prófugos.

Los defensores Miguel Valero, Daniel Geloni, Pedro Telleriarte (oficiales), Miguel Vilar y Martín Segovia (particulares) actuaron en bloque al pedir que se aplique “la insubsistencia de la acción penal”. Los imputados estaban acusados de asociación ilícita, que tiene una pena máxima de 10 años, y el proceso está por cumplir 11.

El defensor Valero jugó con picardía una buena carta: leyó un largo fallo a favor de la insubsistencia de la acción penal en un caso parecido, y después citó al autor: Varessio, uno de los integrantes de la cámara como subrogante. El juez lo miró, como se dice en estos casos, con cara de póker.

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